ESP- Declaración política del ECMIA ante la COP31

En contexto del fenómeno del “Super Niño”-Oscilación Sur (ENOS), agravado por la crisis climática, hay regiones del continente marcadas por meses de sequías que generan escasez de agua, estrés hídrico, contaminación del agua y riesgo de incendios. Mujeres y niñas indígenas enfrentan mayores riesgos, vulnerabilidades y carga de trabajo de cuidados en su vida cotidiana, aumenta la insalubridad y la deserción escolar y quedan más expuestas a violencias. Mientras que en otras regiones las inundaciones generan interrupción y pérdida de todos los servicios e infraestructura básica, incluyendo la educación escolarizada. Estas amenazas se manifiestan de manera diferenciada en territorios árticos y subárticos donde el deshielo está en aumento, en zonas áridas, en las montañas, las costas, las islas, bosques y selvas de las Américas. Ninguna región debe quedar fuera de las respuestas climáticas.

La salud de nuestros pueblos es inseparable de la salud de los territorios y del planeta, nuestra Madre Tierra. La pérdida de los sitios sagrados afecta nuestra salud mental y espiritual. El trauma que el colonialismo y el racismo han dejado entre generaciones se profundiza cuando un desastre nos obliga a salir del territorio o cuando defenderlo pone en riesgo nuestras vidas. Por eso, cuidar la salud supone defender el agua, las semillas y las condiciones para permanecer en nuestros territorios con dignidad.

Cada vez es más difícil encontrar plantas medicinales y especies que dan vida a nuestras vestimentas y artes. Con cada especie que perdemos, se estrechan las posibilidades de transmitir un conocimiento y realizar nuestras prácticas. La protección de los conocimientos tradicionales de los Pueblos Indígenas exige respetar nuestros sistemas propios de custodia, transmisión y decisión.

El desplazamiento de nuestros Pueblos dentro y fuera de nuestros países pone en riesgo la posibilidad de sostener nuestras lenguas, culturas, territorios y gobierno propio. El despojo, el racismo, la estigmatización, la persecución y la violencia contra las defensoras agravan estos impactos. Desde nuestros sistemas de gobierno y nuestras economías propias cuidamos el agua, conservamos semillas y restauramos ecosistemas.

Desde la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer hasta el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y desde el encuentro preparatorio

de Lima rumbo a Belém, hemos sostenido que la política climática debe responder ante quienes vivimos sus efectos y ejercemos autoridad y gobernanza en los territorios. La autoridad de nuestros Pueblos y nuestras organizaciones debe tener eco en las decisiones climáticas, desde nuestros territorios hasta las negociaciones internacionales.

En Antalya retomamos también el llamado de los Pueblos Indígenas reunidos en Santa Marta a construir una salida de los combustibles fósiles con garantías territoriales y participación efectiva. La Recomendación General número 39 del Comité CEDAW y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas deben orientar compromisos tangibles y verificables.

Por lo anterior, en el marco de la COP31:

1. Instamos a las Partes a garantizar la seguridad jurídica de nuestras tierras, territorios y aguas, reconocer nuestros sistemas de gobierno propio y fortalecer los planes de vida comunitarios como fundamentos de una transición justa. Exigimos que las decisiones, políticas y proyectos climáticos respeten el derecho a la libre determinación y garanticen el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas, a través de sus instituciones representativas.

En la implementación del mecanismo de transición justa acordado en la COP30 (Belém do Pará), reiteramos la importancia de la disposición adoptada por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el Programa de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos sobre la Transición Justa, párrafo 12.i: “La importancia de los derechos de los Pueblos Indígenas y de obtener su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la importancia de velar porque todas las trayectorias hacia una transición justa respeten y promuevan los derechos colectivos e individuales internacionalmente reconocidos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho a la libre determinación, y reconozcan los derechos y protecciones de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, de conformidad con los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos pertinentes”.

Asimismo, reafirmamos los principios de la Declaración de Santa Marta, Colombia, que reconoce que la transición justa debe superar las prácticas de colonialismo y extractivismo, garantizar los derechos territoriales y evitar la militarización y los conflictos que amenazan la vida de nuestros pueblos.

2. Exigimos a las Partes establecer compromisos verificables, con plazos definidos, para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, asegurando que las alternativas energéticas y los mecanismos de mitigación no reproduzcan el despojo territorial, la explotación de nuestros bienes naturales ni nuevas formas de colonialismo.

Los proyectos de energías renovables, la extracción de minerales críticos y los mercados de carbono deben estar sujetos a salvaguardas ambientales, sociales y de derechos humanos, mecanismos independientes de fiscalización y obligaciones de debida diligencia empresarial. Los Estados deben garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral de los daños y la rendición de cuentas de los actores públicos y privados involucrados.

3. Instamos a las Partes a establecer mecanismos permanentes de participación y representación efectiva de las mujeres indígenas en todas las etapas de formulación, negociación, implementación y evaluación de las políticas climáticas, reconociendo nuestra autoridad, conocimientos y capacidad de decisión desde los territorios hasta los espacios multilaterales.

En la implementación del Plan de Acción de Género de Belém, en consonancia con la Recomendación General núm. 39 del Comité CEDAW, exigimos compromisos nacionales con presupuesto para el fortalecimiento de liderazgos, la formación política, la interpretación en lenguas indígenas y las condiciones de accesibilidad. Estos mecanismos deben garantizar la participación intergeneracional, de mujeres indígenas con discapacidad y de las juventudes indígenas, así como espacios seguros y culturalmente pertinentes para escuchar a niñas y adolescentes indígenas.

4. Exigimos que los Estados con mayor responsabilidad histórica en las emisiones amplíen sus compromisos de financiamiento climático público, adicional, previsible y basado prioritariamente en subvenciones que no incrementen el endeudamiento de nuestros pueblos y países.

Instamos a los fondos climáticos y a la cooperación internacional a establecer mecanismos de acceso directo, simplificados y plurianuales para las organizaciones y redes de mujeres indígenas, reconociendo nuestras formas propias de organización y gobernanza.

El financiamiento debe fortalecer la autonomía institucional, la articulación territorial e intergeneracional y la capacidad de nuestras organizaciones para definir prioridades, administrar recursos y evaluar resultados, sin intermediaciones impuestas que limiten nuestra libre determinación.

5. Exigimos a las Partes reconocer y financiar las estrategias propias de adaptación climática de nuestros pueblos, particularmente aquellas orientadas a la protección del agua, la soberanía alimentaria, las semillas nativas, las plantas medicinales y los sistemas indígenas de salud y sanación.

Las políticas de adaptación deben reconocer la interdependencia entre la salud física, mental, espiritual y territorial, así como los impactos diferenciados de la crisis climática sobre las mujeres, juventudes, niñas y niños indígenas.

Instamos a la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con nuestras organizaciones, a promover un informe sobre los efectos de la crisis climática en la salud integral de los Pueblos Indígenas, incluida la salud sexual y reproductiva, que incorpore las realidades diferenciadas de las regiones de las Américas y respete la soberanía de nuestros pueblos sobre sus conocimientos e información.

6. Exigimos a las Partes fortalecer y capitalizar el Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños, estableciendo mecanismos de acceso directo para los Pueblos Indígenas y sus organizaciones, así como asistencia técnica culturalmente pertinente mediante la Red de Santiago.

Las medidas de reparación deben reconocer las pérdidas económicas y no económicas derivadas de la crisis climática, incluyendo la afectación de lenguas, conocimientos, sitios sagrados, vínculos espirituales y relaciones intergeneracionales y transfronterizas con nuestros territorios.

Instamos a los Estados a garantizar medidas de restauración ambiental, restitución territorial cuando corresponda, reparación colectiva y protección frente al desplazamiento forzado, reconociendo el derecho de nuestros pueblos a permanecer y desarrollar sus proyectos de vida en sus territorios.

7. Desde nuestra propuesta de Economía en Equilibrio: una propuesta para la vida, instamos a las Partes a reconocer y fortalecer los sistemas económicos propios de los Pueblos Indígenas, sustentados en la reciprocidad, la complementariedad, el cuidado colectivo y las relaciones de respeto con la Madre Tierra.

Las políticas climáticas deben contribuir a la autonomía económica de las mujeres indígenas, garantizando condiciones para decidir sobre nuestros ingresos, bienes, tiempo y proyectos de vida, así como el reconocimiento y la redistribución justa de los trabajos de cuidados.

Exigimos que los conocimientos, prácticas y sistemas productivos indígenas sean protegidos frente a cualquier forma de apropiación indebida, garantizando el respeto a los protocolos comunitarios, los derechos colectivos y la retribución justa por su utilización.

8. Exigimos a los Estados adoptar, en coordinación con las mujeres indígenas defensoras, mecanismos de protección colectiva y territorial con recursos suficientes, medidas preventivas y procedimientos de respuesta urgente frente a las amenazas, agresiones y violencias que enfrentamos por defender nuestros derechos y a la Madre Tierra.

Estos mecanismos deben incorporar enfoques de género, interculturales, intergeneracionales y antirracistas, responder a los riesgos asociados con la

criminalización, la militarización y la violencia transfronteriza, y garantizar investigaciones efectivas, acceso a la justicia y reparación integral.

Asimismo, exigimos salvaguardas específicas para la protección de los territorios y derechos de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

9. Instamos a las Partes a incorporar estas recomendaciones en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, planes nacionales de adaptación y demás instrumentos de política climática, estableciendo presupuestos, responsabilidades institucionales, indicadores culturalmente pertinentes y plazos verificables.

Exigimos mecanismos independientes de seguimiento y evaluación, construidos con la participación efectiva de los Pueblos y las mujeres indígenas, que permitan conocer cómo se incorporan nuestros derechos colectivos, prioridades territoriales y propuestas en las decisiones y resultados de la acción climática.

Asimismo, invitamos al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a fortalecer el seguimiento de los compromisos climáticos que afectan nuestros derechos, tomando como referencia la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Recomendación General núm. 39 del Comité CEDAW, y promoviendo la articulación entre los mecanismos internacionales de derechos humanos y los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Las mujeres indígenas siempre hemos liderado, y desde el ECMIA seguiremos tejiendo alianzas, formando liderazgos y devolviendo la información a nuestras comunidades, nuestras organizaciones y nuestros Pueblos para que puedan incidir, ejecutar y exigir cuentas de cada compromiso asumido en este espacio. Desde el norte hasta el sur de las Américas, nuestra diversidad de pueblos, territorios y sistemas de gobierno fortalece una misma exigencia: justicia climática con libre determinación y pleno respeto de nuestros derechos colectivos.

¡Nada sin nosotras, todo con nosotras!